Por Erick Barinas

Soy de los dominicanos que ansía profundamente el desarrollo económico, social, cultural, institucional y político de nuestro país, por lo que no me opongo a la inversión extranjera, a la inmigración extranjera productiva, al turismo, al buen uso de los recursos naturales y mineros, y a la proliferación de la empresa privada.

Ahora bien, el fomento de la empresa privada y del capitalismo, por supuesto, no implica que no exista límites constitucionales, legales e institucionales, para que los ciudadanos no se vean impedidos de disfrutar a plenitud de los bienes de dominio público que conforman el patrimonio del Estado, y por tanto, de todo el pueblo dominicano.

Ese es el caso de monumentos públicos como el de Los Héroes de la Restauración, en Santiago de los Caballeros, en el cual se ha pensado arrendar su segundo nivel a inversionistas privados para instalar allí un restaurante.

Y es que la característica más interesante de ese monumento es precisamente la visita de la gente, los dominicanos y los turistas, a todos los niveles de la edificación, para disfrutar de la vista única que brinda.

Desde que se arriende a manos privadas uno de los niveles del Monumento de Santiago para fines comerciales, se afectaría no sólo su estructura, sino el acceso a ese nivel de cientos de personas que regularmente lo visitan y quien sabe cuántas otras cosas más.

El Ministro de Cultura ha dicho que la idea de arrendar el segundo nivel del monumento es para recaudar fondos para el mantenimiento del mismo, ya que resulta insuficiente la asignación de recursos del Estado para ello.

Pero evidentemente que hay muchas otras posibles soluciones para poder recaudar esos recursos que hacen falta, como sería cobrar una tarifa adecuada de entrada, establecer alguna tasa a la cantidad considerable de restaurantes y negocios que se han instalado alrededor de la edificación y que se benefician del público que diariamente visitan el monumento, entre muchas otras.

Y es que la solución que se ha pensado no es la más adecuada, y de hecho ha encontrado un rechazo generalizado, y no sólo en la población de Santiago.

Frecuentemente ocurre que el desarrollo económico se pretende lograr con el fomento de un capitalismo salvaje y a cualquier precio, sacrificando otros bienes y derechos colectivos, así como el patrimonio público, del que todos los dominicanos somos acreedores sin importar nuestra condición económica o social.

Por ejemplo, un caso particularmente penoso es el que ha ocurrido con las playas y la franja marina de nuestro país.

Todos los gobierno post-Trujillo han cedido prácticamente toda la franja marina a los hoteles y a los constructores privados, desde Boca Chica hasta Punta Cana, y lo que hace algunos lustros eran playas de libre acceso a la población, hoy día son playas prácticamente privatizadas, porque sólo pueden acceder a ellas quienes se hospedan en uno de esos negocios hoteleros, o aquellos propietarios de casas y apartamentos edificados frente a las mismas.

A Juan Dolio sólo han dejado apenas un tramo, porque ya toda la franja marina la ocupan condominios de lujo edificados a algunos metros de la playa. Sólo por dos o tres servidumbres de paso permiten acceder a algunas partes de la playa.

No hablemos de Bávaro, Puerto Plata, Punta Cana y Bávaro, y más recientemente de Samaná, Portillo y Bayahibe, donde el acceso a grandes extensiones de playa sólo es posible para quienes se alojan en alguno de los grandes hoteles edificados a pocos metros de sus hermosas playas.

Que conste que no estoy abogando porque esos hoteles sean destruidos, dejen de operar, ni mucho menos, pero entiendo que los gobiernos deben de implementar políticas claras para que el desarrollo turístico y hotelero no se siga implementando sobre la base del sacrificio de los derechos colectivos inherentes al resto de la población del país, que debe poder disfrutar de las playas dominicanas sin necesidad de alojarse varios días en un hotel, ni pagar tarifas que muchas veces están por encima de las posibilidades económicas de la mayoría de la gente.

Y es que esa situación ha sido debidamente regulada en México, Brasil y muchos otros países que ofrecen sus playas como atractivo turístico, donde el desarrollo hotelero se ha planificado de tal forma que no se ha copado toda la franja marina, ni se ha impedido el acceso a las playas a sus respectivas poblaciones.

Lo mismo debe ocurrir con los bordes de los ríos, ya que en Jarabacoa y otros municipios montañosos también se puede observar que se ha permitido la construcción de hoteles de forma tal que impiden completamente el acceso de la población a los mismos.

Y es que los recursos naturales y el patrimonio público no pueden continuar siendo explotados por unos cuantos capitales, mayoritariamente extranjeros, en detrimento del derecho a su uso y disfrute por parte de todos los dominicanos.