Por Manuel NÚÑEZ

Las relaciones entre Haití y la República Dominicana pasan por un mal momento. Por todos los medios diplomáticos de que disponen los haitianos han tratado de imponer el intervencionismo internacional en una decisión que, en todos los países del continente, incluyendo al propio Haití, pertenece a la competencia interna del Estado. La Republica Dominicana, por su parte, no ha estado a la altura de la circunstancia en esta guerra diplomática que ha desarrollado el Presidente Martelly, en conciliábulo con algunos grupos de la sociedad civil dominicana, la Compañía de Jesús (SJ) y las ONG que se ocupan de los haitianos radicados en el país.

Desde hace meses, nuestras autoridades no han hecho otra cosa que dar tumbos, y buscar soluciones de último minuto para obtener una tregua de los haitianos. 1. Renunciaron a su responsabilidad de defender la Constitución y las leyes de la República; 2. Firmaron un tratado de tutelaje de la Sentencia TC168/13 con el Canciller Pierre Richard Casimir que, a los pocos días, los haitianos incumplieron al obtener la condena de los países del CARICOM. Los haitianos se han propuesto como tarea fundamental de su Gobierno que carece de miras y de rumbo aplastar la Sentencia del Tribunal Constitucional TC168/13. No les interesa dialogar, sino vencer a los dominicanos. Arrebatarle su soberanía, y exhibirla luego ante su pueblo hambriento de soluciones como el vellocino de oro, el más grande trofeo.

1. El acuerdo de Caracas

Nuestro Gobierno ha sido poco más que tolerante con todas las insolencias de los haitianos. Ser tolerante no significa renunciar a los valores, a los principios, a las ideas y a los intereses permanentes de nuestra nacionalidad. Ser tolerante no supone rechazar los atributos de nuestra Independencia, la unidad social y cultural de la Republica; la defensa de nuestra identidad nacional. Ser tolerante no quiere decir que no defendamos al país de las intromisiones indebidas del interés extranjero.

En Caracas comenzó a fraguarse la mayor demostración de decadencia política de estos tiempos. Por tercera vez, en los 169 años de Independencia, el propio Gobierno dominicano ha claudicado, al darle poderes al intervencionismo internacional para que tutele la aplicación de la Sentencia 168/13. La primera claudicación de nuestra historia se produjo en 1861, cuando el General Santana, tras doce años de guerra con Haití y ante las amenazas realizadas años antes por Soulouque de encabezar la madre de todas las invasiones, le traspasó la soberanía a España. La segunda rendición del Estado se produjo cuando el general Ulises Heureaux, tras haber llevado al país a la bancarrota en su alocada carrera de préstamos, hubo de ceder el control de las aduanas, primero a la Westendort, compañía holandesa. Y, finalmente, a la San Domingo Improvement, emporio estadounidense. Recuperar la soberanía de las aduanas nos llevo más de medio siglo. Fue la tarea de una generación extraordinaria de hombres que lograron, primero, la desocupación estadounidense en 1924, tras ocho años de guerrillas y opresión extranjera. Luego, una vez recuperado el control del Gobierno, se obtuvo el control de los ingresos económicos del Estado en 1941 con el Tratado Trujillo Cordell Hull.

Con el acuerdo que se acaba de anunciar en Caracas, nos convertiremos en un país completamente intervenido; el Gobierno pondrá en manos de una Comisión de diez personas, cinco dominicanos y cinco haitianos, flanqueado por el CARICOM, la Unión Europea y Venezuela el porvenir de la aplicación de la Sentencia; tendremos que paralizar las tareas de los cuerpos de seguridad del Estado; quebrantar la Constitución y las leyes para complacer a los interventores. (El acuerda viola los artículos 3, 4,6 de la actual Constitución). Estoy convencido de que el consenso y el diálogo no sirven absolutamente para nada, cuando se interpreta como destrucción de una decisión democrática, fundada en la Constitución. La incapacidad del Gobierno para expresar con claridad sus convicciones y para tomar decisiones podría ser aprovechada por el intervencionismo internacional para imponer las suyas. Las ideas que producen malas decisiones están a la vista. Consisten en meter al país en la trampa que le ha tendido el intervencionismo extranjero. Nadie va a defender por nosotros el porvenir de la República Dominicana. Nadie va a padecer las consecuencias sociales, políticas y económicas de una mala decisión, inspiradas por personas influidas por los grupos que combaten la Sentencia TC168/13 ni, desde luego, tampoco nadie va asumir esa responsabilidad ni pagar el costo político que no sea el Partido de Gobierno.

2. Las trampas del diálogo

El dialogo solo puede ser posible dentro de los linderos del respeto al derecho ajeno. No se puede invocar el dialogo sin que se conozcan los propósitos, para imponer agendas ocultas, para anular la soberanía nacional, para debilitar las instituciones ni para desmantelar la legalidad. El Gobierno haitiano, desacreditado, sin rumbo y sin proyecto, encontró en la batalla contra la Sentencia 168/13 una maniobra extraordinaria para unificar a su pueblo y lograr desmantelar la frontera de la Republica Dominicana.

El diálogo con los haitianos se halla sembrado de mentiras. Nos han acusado internacionalmente de desnacionalización de personas; de fomentar la apatridia; de aplicar las leyes retroactivamente. De poco ha valido que se explique a los haitianos lo que ellos saben ya de sobra. Los hijos de madres y padres haitianos nacidos en el territorio dominicano, sin importar el estatus migratorio que tengan, nacen con la nacionalidad haitiana de origen, conforme al artículo 11 de la Constitución haitiana de 1987 y de las anteriores. Por lo que proclamar que la Republica Dominicana está desnacionalizando a personas que habían poseído antes la nacionalidad dominicana es una mentira burda. En ningún caso, existe la posibilidad para los descendientes de haitianos de ser apátrida, ni se está quebrantando el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los haitianos tienen, nazcan donde nazcan, una nacionalidad primaria, y aquí están batallando por obtener una segunda nacionalidad.

Desde 1929, todas las Constituciones dominicanas han mantenido el principio invariable de jus solis (derecho por nacimiento en el territorio), que es el mismo que se aplica desde México hasta Chile en el continente, que los no residentes legales no se benefician del jus solis. No hay ninguna fórmula de retroactividad en los jueces que dictaron la Sentencia TC168/13. La Constitución y las leyes migratorias establecían con claridad antes y ahora cuáles extranjeros podían beneficiarse de este mecanismo. Ni en la Republica Dominicana ni en la Sudáfrica que ha vencido los horrores del racismo y del apartheid, los indocumentados haitianos se beneficiarían del derecho por nacimiento.

La visión de conjunto

Aprovechando el teatro de las fiestas y las distracciones de la Navidad, se ha movido toda la artillería pesada de los enemigos de la Sentencia. Tras la resaca de las parrandas del Año Nuevo, nos despertaremos con las realidades que nos han fabricado. Nos llevarán, con engaños y maniobras, a una circunstancia de los hechos consumados, presentando todo el embeleco como una exigencia internacional, ante la cual el Gobierno no ha podido hacer nada. La actitud de cada uno de los responsables mayores compagina con ese propósito.

? El Presidente Medina sustituye la política de los principios firmes y los intereses permanentes de la nación por la ambigüedad calculada, por una nebulosa indecisión. Pero hay tareas que se han vuelto inaplazables. Llega el momento en que tiene que elegir entre el pueblo dominicano al cual le ha jurado lealtad como Presidente; o los haitianos, que han encontrado en este flanco débil, la ocasión de lograr un triunfo político.

? Martelly, sin ideas, sin soluciones para su país, se ha apoyado en los traidores dominicanos para fundamentar sus puntos de vista, y empujar la teoría de que una gran cantidad de haitianos con papeles dominicanos, podría darle la hegemonía política a Puerto Príncipe en La Española y anularía la independencia política de la Republica Dominicana. Esta perspectiva ha sido revelada con claridad por el ex embajador de Haití, Guy Alexandre, quien declaró que la Sentencia quiere impedir que los haitianos tomen el poder político en la República Dominicana (Nuevo Diario, 6/12/13)

Esta batalla la enfrentamos con capitanes que no tienen convicciones ni responsabilidad ni seriedad, con un vacio en la conciencia, con un liderazgo vacío de patriotismo, con un vacio en valores y en las convicciones que fundaron la nación en 1844.

Se desconoce el decreto 327-13 que pone en vigor un Plan de Regularización que anula la Sentencia; burla la Ley de Migración; ignora quiénes redactaron las modificaciones al borrador de ese plan; no se sabe cuáles compromisos ha asumido el Gobierno a puerta cerrada, ni cuáles son los sacrificios que se echarán sobre las espaldas de la nación. Las cosas se desarrollan, a la chita callando, como una conspiración. Al parecer, se ha puesto en marcha una agenda secreta. No la conoce la Prensa, ni el Congreso Nacional, ni el Partido de la Liberación Dominicana ni siquiera el otrora poderosísimo Comité Político. No la conoce, desde luego, el pueblo dominicano que ha delegado transitoriamente el poder de la nación en los ejecutores de ese plan inconfesable. ¿Se creen tan listos que piensan que pueden engañar a una nación entera de diez millones de habitantes? El pueblo dominicano no merece esta falta de transparencia, ni, desde luego, una puñalada trapera a su soberanía. No bastará con decir que la nación fue sorprendida. Como decía, K. Marx "Ni a la nación ni a la mujer se les perdona la hora de descuido en que cualquier aventurero ha podido abusar de ellas por la fuerza"