Las sociedades han desarrollado muchos modelos de Estado, siempre basándose en concepciones filosóficas, económicas y sociales que se ajustan a los intereses de las clases o grupos dominantes. En su tiempo, los reyes y emperadores impusieron el modelo absolutista y monárquico, donde ellos mismos se proclamaban como el Estado.

La Revolución Francesa, en su origen, dio a luz un tipo de Estado a través del cual se plasmaron las ideas de avanzada de sus líderes, rompiendo con el modelo instaurado durante siglos por las monarquías. La ejecución de Luis XVI trajo la democracia parlamentaria y el nacimiento de un Estado con tres poderes independientes, el cual, sin embargo, no pudo sobrevivir por mucho tiempo, aunque sí dejó una estela de ideas y concepciones que luego habrían servido para levantar el andamiaje teórico de lo que se considera el Estado Moderno.

Según quien tenga el dominio de los medios de producción y de las riquezas de un país, así el Estado ha ido adquiriendo formas, estableciendo estructuras burocráticas y normas, definiendo roles y distribuyendo el poder entre los grupos dominantes, y conforme a sus intereses particulares, formalizando el tipo de relaciones a seguir frente a los ciudadanos.

El rol que el Estado ha ejercido en la República Dominicana ha variado, dependiendo de las coyunturas de cada época. Cuando la dictadura de Trujillo necesitó de un Estado organizado, que al mismo tiempo le permitiera ser instrumento para la administración efectiva del patrimonio personal del tirano, se creó un sin número de instituciones e instancias burocráticas, las cuales, luego, establecieron las bases para la formación del actual Estado que sirve a la República Dominicana. Muchas de las estructuras institucionales de ese armazón trujillista aún sobreviven, algunas regidas hasta con las mismas leyes con que fueron creadas.

Hoy día la configuración y el papel que juegan los Estados en las diferentes naciones están determinados no solo por intereses de sus clases gobernantes, sino también por los intereses del capital económico-financiero que rigen las grandes potencias. El famoso Consenso de Washington de los años 80, inspirado en las teorías que surgieron de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, trajo al mundo una concepción neoliberalista, que delegó en el mercado el poder de distribuir las riquezas y de regularizar las actividades de los actores económicos, despojando al Estado de su tradicional responsabilidad de regulador, debilitándolo y reduciendo su campo de acción a su mínima expresión.

El resultado de la aplicación de este modelo fue la profundización de las desigualdades económicas y sociales en aquellas sociedades subdesarrolladas donde se implementó y el surgimiento de grandes luchas y movimientos reivindicativos de carácter político y social.

Aunque la globalización ha ido presionando por la modernización y transformación progresiva de los Estados en todo el mundo, en la República Dominicana la influencia de esos modelos ha sido relativamente limitada, en cuanto a cambios cualitativos se refiere, provocando en muchos casos el crecimiento, más que la cualificación , de las estructuras administrativas del aparato estatal.

Bajo dicha influencia se ha ido creando una estructura de nuevas instituciones, mientras se remodelaron algunas de las existentes. Con el impulso de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y el FMI, instancias a través de las cuales se canaliza la importación de modelos a los países pobres, hemos visto surgir una generación nueva de reformas del Estado Dominicano, las cuales han abarcado diferentes áreas de ese enorme e hipertrofiado aparato , dentro de las que se pueden destacar el Congreso Nacional, hecha con aportes del BID, la Dirección General de Aduanas, la DGII, la Cámara de Cuentas, algunas dependencias administrativas de la Presidencia de la Republica y la CEDEEE.

No está claro aún cuales han sido los resultados de estas reformas en la administración pública. El problema eléctrico sigue igual o peor que antes; nuevos ministerios, direcciones generales y departamentos se han creado sin que podamos vislumbrar aportes notorios en la efectividad de su funcionamiento. Los esfuerzos de descentralización han traído como consecuencia el incremento del gasto público y de la nómina, pero el efecto de los mismos ha sido cero.

La pregunta es ¿qué hacer?

Es indudable que este crecimiento atropellado del número de instancias administrativas, creadas sin una estrategia de articulación con las existentes, muchas de ellas motivadas por el populismo y la política clientelista de los partidos y sin un marco teórico general que defina el tipo de Estado que queremos, ha devenido en una mayor hipertrofia de lo que ya existe.

El momento actual que vive la sociedad dominicana parecería propicio para iniciar un proceso de reingeniería que nos permita desarticular esta maraña de instituciones y simplificar el modelo administrativo, rompiendo con todas las distorsiones y duplicidades que se dan.

Esa tarea, sin embargo, no es posible hacerla con éxito, si no se unifican todas las fuerzas sociales y políticas del país y mediante un gran pacto social empezamos a definir el tipo de Estado que queremos. México en este momento le está dando una gran lección al mundo demostrando que se pueden deponer los intereses particulares y de grupos para producir grandes transformaciones en un país virtualmente petrificado por la burocracia y la fragmentación social.

No se puede continuar con el modelo asistencialista y clientelar que tenemos. La sociedad dominicana necesita definir un tipo de Estado que esté al margen de los intereses de los partidos políticos, grupos empresariales, sindicatos y grupos de la sociedad civil.

Necesitamos un Estado que promueva la ampliación del consumo privado, no sobre la base del incremento del gasto público, sino de la promoción del sector productivo. Queremos un Estado solidario, comprometido socialmente y que tenga la voluntad de orientar los recursos hacia los servicios básicos de salud, educación y vivienda para los pobres e indigentes. Un Estado emprendedor, que ocupe su energía en la buena gobernanza y en la creación de condiciones favorables para que las grandes, mediana y pequeñas empresas prosperen.

Un Estado ético y austero, que no se exceda en sus límites presupuestales y que cuide de la macroeconomía del país. No queremos neoliberalismo, pero sí que se creen condiciones que faciliten el desarrollo de los mercados con menos trabas burocráticas y una estructura impositiva no tan asfixiante, como la que tenemos hoy.

Por último, queremos un Estado que no le usurpe el poder al ciudadano, que sea garantista de sus derechos y que promueva la verdadera independencia de la justicia y de los demás poderes constitucionales.

¡¡Ese es el Estado que queremos!!.

Escrito por:

José Tomas Pérez

El autor es político, ex senador de la república.