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En esta semana el Tribunal Constitucional (TC) declinó en su totalidad un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito 15-03 (Ainep) en contra de la Ley 136-03 de Protección al Menor, la Ley 86-2000 de Regular y Fijar las Tarifas de los Colegios Privados y una resolución especial del Consejo Nacional de Educación de julio del 2011.

Más allá de valorar las razones "técnicas" que obligaron al TC a rechazar esta acción por la forma en que fueron presentados los argumentos, tenemos que reflexionar sobre las implicaciones de dicha decisión.

No podemos, sin embargo, dejar de señalar que tanto la Ainep como el TC (este último dando respuesta lineal a los argumentos de la primera) desvirtuaron la discusión de la esencia fundamental de la misma y mezclaron asuntos de los patrones de consumo de los usuarios del servicio (la mala práctica de la morosidad de los padres en el pago de la colegiatura), con los problemas de supervisión y control del sistema educativo privado.

Como pasado presidente y vocero principal de la Federación Nacional de Centros Educativos Privados (Fenacep) conocemos plenamente la inquietud del sector, tanto la parte pública como la privada y ciertamente el pleito no era por ahí.

Para la Fenacep, la discusión nunca se ha centrado en desconocer el derecho y la obligación que tiene el Ministerio de Educación (Minerd) de "regular" el sector educativo privado, sino el de "fijar" la tarifa de los centros educativos privados (CEP).

No solo porque resulta ilógico que sí la Minerd no puede garantizar "control" en la estructura de costos de cada colegio, pueda sí de manera unilateral determinar los precios finales del servicio.

Si no, además, porque, y esto se lo demostramos a las autoridades a lo largo de toda una década y es la razón por la cual nunca se ha puesto en ejecución real el artículo primero de la lastimosa ley 86-2000, es imposible de lograr sin caer en absurdos operativos.

La regulación del sector educativo nacional es una necesidad fundamental, como lo es proteger los derechos de los menores y adolescentes que se sirven del sistema.

Sin lugar a dudas que el Estado está llamado a tener una participación activa en dicha regulación, Fenacep lo que siempre ha sugerido es la creación de una estructura superior (Superintendencia de Educación) que separe la ejecución del proceso de la supervisión del mismo. Es decir, la Minerd nunca podrá hacer una labor objetiva de valoración de la calidad y alcance del servicio educativo (público y privado) pues es juez y parte.

Una vez se separen dichas funciones entonces podremos pasar a evaluar el método, alcance y la calidad de los actores. El Congreso no erradicó a los colegios privados con la ley 86-2000 ni la capacidad de estos para "ajustar" sus costos a las realidades del mercado y de sus condiciones individuales, a pesar de que esta pudo haber sido la intención de alguno de aquellos legisladores.

Tampoco logró que la Minerd cercenara dicha realidad, puesto que no es allí que radica el problema.

El mezclar en esta acción por parte de la Ainep y en el consecuente fallo del TC la regulación con la acción de fijar las tarifas tampoco lo logrará.

La realidad es que la educación dominicana está, ha estado y continuará por mucho tiempo en crisis, y solo cuando promovamos acciones sobrias y bien sopesadas podremos cambiar el rumbo. Atraer inversión y esfuerzo público y privado hacia el sector, debe de ser la meta.

Fauntly Garrido*

Educador, Economista y Financista, con estudios en República Dominicana, el Reino Unido y Estados Unidos. Asesor externo del Ministerio de Educación de República Dominicana, miembro fundador del Instituto Tecnológico de las Américas - ITLA; y miembro del Consejo Nacional de Educación. Fundador de la Federación Nacional de Centros Educativos Privados, entidad que agrupa a los principales centros de educación privada de República Dominicana.

Fue Profesor de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ? INTEC; fungió como Encargado de la División de Comercio Exterior del Departamento de Planificación Económica de ONAPLAN y fue investigador del Centro de Investigación Económica (CIECA).

Presidente y Director Financiero del Grupo Corporativo New Horizons, entidad que agrupa: el Colegio Bilingüe New Horizons, el New Horizons Bookshop y el Instituto de Lenguas y Tecnologías ILTAE. Docente por más de dos décadas de Economía del Colegio Bilingüe New Horizons.