Por Ricardo Rojas León

La Cámara de Diputados aprobó recientemente, en primera lectura, el proyecto de nuevo Código Penal, y se apresta a sancionarlo en los próximos días, con algunas modificaciones. El nuevo CP sigue la tradición del Código Penal Francés, con cambios importantes que incluyen, desde figuras de la dogmática jurídico-penal alemana, hasta incremento de penas para algunos delitos tradicionales.

En las últimas semanas, decenas de organizaciones que trabajan temas de género, han cuestionado la despenalización de la violencia contra la mujer, introducida por la ley 24-97, y que fue recogida por el Art. 309-2 del Código Penal vigente. Ya los diputados consintieron en corregir ese error. Otro tema que ha merecido un gran despliegue es la demanda del Centro de Libertad de Prensa (CLPRD) y del Colegio de Periodista para que la difamación y la injuria sean despenalizadas en el nuevo Código. Este reclamo es consistente con la doctrina y la jurisprudencia interamericana, que vienen abogando por reducir a sanciones civiles las imponibles a los denominados "delitos de palabra". Sólo los discursos que inciten la violencia, el odio y al delito, merecen ser sancionados con la privación de libertad.

Cuando uno revisa el proyecto de CP se puede afirmar que estamos en presencia de una iniciativa neo-punitivista, pues aumenta en forma apreciable las penas a los delitos. Es claro que, como diría Jorge Prats, estamos en presencia de una clara manifestación de populismo penal.

Desde el punto de vista político-criminal, este proyecto de Código Penal no es consistente con una normativa procesal penal garantista y, mucho menos, con un nuevo modelo de gestión penitenciaria exitoso, que pone énfasis en la rehabilitación y la reinserción social.

El discurso de la "emergencia penal", que parece haber contagiado a algunas ONG?s, esconde, en forma deliberada, realidades sociales y económicas que, si bien no justifican, explican algunas manifestaciones delictivas. No es incrementando las penas a los infractores como vamos a inducir una reducción de los delitos. La clave radica en atacar los factores sociales, educativos y familiares que inciden en el delito, así como fortalecer los programas de rehabilitación y reinserción social de los infractores, evitando la reiteración y reincidencia delictiva.

La cada vez mayor exposición mediática de los delitos, en especial las muertes violentas, no deben turbar a los hacedores de política criminal, quienes tienen que convencerse de que el auge de la delincuencia no se resuelve castigando más, sino castigando mejor. En fin, que debemos rechazar el sesgo neo-punitivista que le quieren imprimir al nuevo Código Penal.