Ricardo Rojas León

El Senado de la República aprobó recientemente un proyecto de ley que persigue convertir a la actual Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en un instituto encargado de levantar y preparar todas las estadísticas oficiales del país.

El proyecto le cambia el nombre a esa oficina, y le traspasa el levantamiento de todas las estadísticas que actualmente realizan otros entes de la administración, así como de cualquier otra que decida su órgano superior, el Consejo Nacional de Estadísticas. El propósito del proyecto es claro: concentrar o monopolizar el levantamiento, procesamiento y difusión estadística en un órgano dependiente de uno del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

La pieza, que fue aprobada en primera y segunda lectura por la Cámara Alta, fue conocida sin que, al parecer, se escucharan las opiniones técnicas de las instituciones que actualmente realizan alguna labor de recopilación y difusión estadística.

De convertirse en ley, el nuevo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se encargaría de elaborar las estadísticas vitales, demográficas, de educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad social, fiscal, transporte, medio ambiente, comercio exterior e interior, comunicaciones, turismo y otros servicios.

Pero, además, ese instituto seguiría levantando los tradicionales censos de población, vivienda y agropecuario, así como "censos económicos", las estadísticas relativas al mercado de trabajo, los de recursos naturales y la infraestructura del país. Del mismo modo, se encargaría de realizar las encuestas de hogares "de propósitos múltiples", las encuestas agropecuarias, las de ingresos y gastos de los hogares, de condiciones de vida y encuestas económicas. El proyecto, del mismo modo, busca atribuir al nuevo ente público el levantamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las Cuentas Nacionales y las Cuentas Satélites.

Es de todo el mundo sabido, que el Banco Central de la República Dominicana viene realizando, desde hace más de cuarenta años, una función estadística importante y que la credibilidad que ese insumo estadístico le merece a los organismos financieros internacionales, a las agencias internacionales de calificación, a los inversionistas extranjeros y al empresariado nacional, ha costado un gran esfuerzo y dedicación técnica, así como una impresionante labor de difusión de esas estadísticas, a través de informes periódicos, así como de las metodologías utilizadas.

El Banco Central ha logrado esos reconocimientos, no sólo porque ha capacitado personal y lo ha llevado al terreno durante muchos años, sino porque ha incorporado los más altos estándares metodológicos aplicables a cada tipo de encuesta o levantamiento estadístico que se realiza, contando durante todas esas décadas con la asistencia técnica de las áreas especializadas en la materia de los principales organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros.

El proyecto aprobado por el Senado implica traspasar del Banco Central a la Oficina Nacional de Estadísticas (que ahora se llamaría Instituto Nacional de Estadísticas) el levantamiento del Índice de Precios al Consumidor, la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH), la encuesta de mercado de trabajo, las Cuentas Nacionales y la Encuesta de Opinión Empresarial, entre otras estadísticas económicas.

En otras palabras, lo que busca el proyecto es que, a partir de la aprobación de esa ley, el INE calcule y publique mensualmente el nivel de inflación, que nos diga cuánto cuesta la canasta familiar para los diferentes niveles de ingreso, además que cada tres meses y anualmente nos diga cuánto creció la economía, el nivel del PIB real, cuánto es la cuenta corriente y cómo cerró la balanza de pagos, entre otras estadísticas económicas.

En el pasado reciente, el Banco Central traspasó a la Oficina Nacional de Estadísticas la responsabilidad de levantar las estadísticas del flujo de pasajeros y el resultado fue que, en el último quinquenio de los ochenta, el país no tuvo estadísticas turísticas, porque simplemente no se levantaron. O sea, en la serie de esas estadísticas dominicanas hay un "hoyo negro" durante esa década.

Más recientemente, en el año 2006, el Banco Central traspasó a la ONE la elaboración de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, (cuyo levantamiento se toma un año), pero, habiéndose realizado entre 2006-2007, sus resultados se publicaron dos años después, tarea que a los técnicos del Banco Central les toma a lo sumo seis meses. No huelga recordar que todavía el país no cuenta con los datos definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010.

La idea de concentrar el levantamiento de todas las estadísticas del país en un ente que ha demostrado no tener suficiente capacidad técnica para cumplir con ese cometido, y con sus propias funciones actuales, puede colocar a la República Dominicana al borde de un "apagón estadístico", que minaría la confianza de los organismos internacionales y de los inversionistas extranjeros.

Si las estadísticas económicas que, por ejemplo, actualmente levanta, recopila, procesa y divulga el Banco Central, con reconocimientos internacionales por su calidad y oportunidad, dejan de tener esas condiciones, la República Dominicana perdería credibilidad y el riesgo de inversión se incrementaría, afectándose eventualmente el flujo de inversión extranjera hacia nuestra nación.

Es loable el interés oficial en mejorar el desempeño de la actual Oficina Nacional de Estadísticas, relanzándola con un nuevo nombre y creándole un Consejo que presidiría el Ministerio de Economía. Pero, tomando en cuenta su experiencia en los censos nacionales y en otras tareas, como las mencionadas en los párrafos anteriores, no parece prudente atribuirle, mediante ley, el monopolio de la realización de las múltiples y varias estadísticas que el país tiene que generar, no sólo para que se planifique nuestro desarrollo en este mundo cada vez más liberalizado, sino para que se satisfagan las necesidades de información de los organismos financieros internacionales, de las agencias calificadoras de riesgos, de la banca extranjera, de los inversionistas dominicanos y extranjeros, y, del mismo modo, de los consumidores, que necesitan informaciones confiables y oportunas para adoptar sus decisiones de consumo e inversión, pues un dato estadístico ofrecido a destiempo o con retraso, sirve para muy poca cosa.

En otras naciones de América Latina, como en Chile y Costa Rica, se han producido traspasos de tareas estadísticas realizadas por los bancos centrales hacia otros entes oficiales, y en muchos de los casos, la mala experiencia ha obligado a devolver a los entes emisores la labor de levantar las estadísticas, fundamentalmente las vinculadas a las actividades económicas. Y aquí, al parecer, aunque tenemos la misma experiencia, nos empeñamos en no tomarla en cuenta, creando un altísimo riesgo para el país. Es una especie de lo que algunos llaman "ignorancia deliberada".

En Derecho Penal se distingue entre "riesgo permitido" y "riesgo no permitido", y se dice que, como herramienta de control social de "ultima ratio", sólo deben considerarse como penalmente relevantes las conductas que crean "riesgos no permitidos", que son las que exponen al bien jurídico a una lesión. Extrapolando esa distinción a este tema, creo que al establecer un monopolio en el levantamiento, procesamiento y difusión de todas las estadísticas del país, se está generando un grave riesgo que los dominicanos no nos podemos dar el lujo de permitir.

En el sesenta porciento de los países de América Latina las estadísticas económicas importantes, como las cuentas nacionales, las siguen realizando los bancos centrales, porque en ellos existe no sólo una experticia adecuada, sino un mayor compromiso en el trabajo estadístico en serie, el cual se preserva de los vaivenes propios de la política.

Como usuario permanente de información estadística, dudo que la Oficina Nacional de Estadísticas, aunque la rebauticen, pueda responder en forma técnicamente adecuada a la sobrecarga de responsabilidad y trabajo que este ensayo de monopolio de la información estadística pondría sobre sus hombros.

Pienso, del mismo modo, que la Cámara de Diputados, una gran parte de cuyos integrantes están comprometidos con la consigna de "continuar lo que está bien", debe ponderar muy cuidadosamente - y por lo menos escuchar a los técnicos de los entes públicos generadores de estadísticas oficiales-, los gravísimos riesgos que afrontaría el país de aprobarse esta iniciativa en la forma en que fue sancionada por la Cámara Alta.

Fortalezcamos la función estadística que realiza la ONE, relancémosla, dotémosla de los recursos económicos que le permitan tener una excelente plantilla de técnicos. Pero no le endosemos el monopolio de levantar todas las estadísticas del país, para lo cual no está ni estará preparada en muchos años, ya que requiere de personal altamente calificado, entrenado y con mucha experiencia de campo, por la importancia que esas estadísticas revisten para el presente y el futuro económico y social de nuestra nación. Además, el país no puede darse el lujo de esperar que la ONE o el INE estén en capacidad de cumplir con esa ciclópea tarea para recibir una información económica confiable y oportuna.

El jurista y filósofo alemán Julius Hermann von Kirchmann dijo una vez, al referirse al efecto que una nueva ley puede tener en la vida jurídica e institucional de una nación, que "tres palabras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en maculatura". No permitamos que esta ley de creación del Sistema Nacional de Estadísticas eche por tierra más de cuatro décadas de un esfuerzo tesonero por generar estadísticas económicas oficiales de una calidad y estándares internacionalmente reconocidos.

No apostemos a un "apagón estadístico" por sobrecarga de trabajo e incapacidad técnica, sino que sigamos confiando en el fortalecimiento y credibilidad de las estadísticas que se "están haciendo bien" y sin las cuáles el país no puede seguir trillando los senderos del crecimiento económico con estabilidad, progreso y equidad.

El autor es abogado.