El lapso de tiempo entre la culminación del proceso electoral y el traspaso de mando, en el caso de las elecciones presidenciales sobre todo, es marcadamente largo y no está acorde con los países desarrollados o en vía de desarrollo.

Aunque la constitución política del país ha sufrido alrededor de 39 modificaciones, no es abusivo producir una nueva en el marco de estos cuatro años, para acortar el tiempo de asunción al poder de las autoridades escogidas en los certámenes electorales.

Ahora que han sido unificadas las elecciones, sería propicio llevar este cambio al ejercicio congresual y al municipal, para que los escogidos asuman de inmediato y pongan en marcha, sin tropiezos los programas prometidos a sus electores. Un mes sería suficiente.

Ya en pocos países del mundo se espera el prolongado tiempo de 90 días para dar paso a las nuevas autoridades escogidas, razón por la cual, como en tantos renglones, ocupamos los primeros lugares en la escala de atrasos y en el desconocimiento de los valores democráticos.

En nuestro desempeño como periodista, hemos sido testigos de excepción, en la comisión de actos bochornosos en instituciones públicas con el simple propósito de hacerle la vida imposible al sucesor. Esto incluye el robo de bienes públicos, la incitación a ocupar terrenos del estado y la emisión de cheques hasta en las madrugadas, para favorecer a amigos o adeptos.

Además, ese largo período coloca al gobierno del estado en una especie de limbo y la falta de institucionalidad se manifiesta con saña. Suben los precios, crece el nivel de delitos y la desidia se apodera de las instituciones públicas, por la inseguridad de los servidores de permanecer en sus puestos.

Como imitadores geniales que somos, debemos emular a naciones como Francia, España, Costa Rica y otras, en que el período de transición es muy breve y, más aún, si el traspaso es de una figura a otra del mismo partido.

Ojala comencemos a crecer.

El autor es periodista y abogado.