El Estado dominicano es un Estado pobre. No tiene capacidad económica para ser el catalizador de la distribución del ingreso. Un país que ha experimentado un crecimiento promedio del PIB de 7.1% entre 2005 y 2011, presenta una tendencia inversa en los ingresos que el Estado capta por concepto de tributación. La participación de los ingresos totales del gobierno, incluyendo gobierno municipales, en la riqueza nacional (PIB) fue de 14.7% en 2005, luego de una reforma fiscal en octubre de 2004. En 2004 había terminado en 12.9% del PIB. Siete años mas tarde, volvemos a caer a un presión fiscal de 12.7% del PIB en 2011.

¿Cómo se explica esa incapacidad del Estado en alcanzar una presión fiscal adecuada para contar con los recursos mínimos para sostener una política de equidad y crecimiento económico? ¿Si la presión fiscal en República Dominicana es tan baja, porque hay sectores que con sobrada razón se quejan de la "pesada carga de impuestos que soportan"? ¿Qué hay que hacer para revertir esa tendencia, esa llaga que impide combatir la pobreza de forma eficiente? ¿Es deseable un Estado rico con capacidad de intervención económica o por el contrario sería mejor reducir el Estado a su minima expresión y bajar aún más la presión fiscal?

Comencemos por el principio. Ciertamente hay sectores productivos con cargas muy pesadas de impuestos. Si sumamos todos los tributos y cargas laborales, los empresarios dominicanos tienen que hacer malabares para competir con sus pares regionales. ¿Por fin, pagan mucho o pagan poco? Ambas cosas a la vez. Pagan mucho, porque las tasas son elevadas y aplicables a unos cuantos. Pagan poco porque hay demasiadas exenciones que reducen la base impositiva a un grupo pequeño. Existen 140 leyes sectoriales de exoneración fiscal. 34 leyes que exoneran a sectores enteros del Impuesto sobre la Renta. 30 que exoneran a otros sectores de aranceles de importación. 22 leyes de exención al impuestos al valor agregado (ITBIS), 13 al impuesto a la propiedad y 11 a los selectivos al consumo. El conjunto de leyes que exoneran de pagos a sectores económicos. Estas exoneraciones, que en lenguaje especializado se le llama Gasto Tributario, fueron en 2011 el 5.2% del PIB. La mayoría de estos privilegios están en las zonas francas, el turismo, el sector de generación eléctrica y la industria local. El monto total del Gasto Tributario fue de más de RD$ 108 mil millones. Es decir, que la presión fiscal, sin ese elevado monto de Gasto Tributario fuera de 18.3% del PIB en 2011.

Para tener una idea del contexto regional, la media de presión tributaria en América Latina y El Caribe es de 16.7% del PIB según la CEPAL. Las mas bajas están en Guatemala (10.8%), México (11.3%), Haití (11.5%) y República Dominicana (12.7%). Las mas elevadas están en Uruguay (25.4%), Brasil (23.5%), Nicaragua (23.2%) y Bolivia (19.9%). La República Dominicana, para poder crecer con equidad, debería expandir la base tributaria, incluso bajar algunas tasas, bajar las exoneraciones y fijar una meta, mediante un pacto fiscal, de alcanzar un 18% de presión fiscal en 4 años. Otro elemento que afecta el gasto público y su eficiencia es la rigidez del presupuesto. Es decir, la cantidad de leyes que establecen apropiaciones especificas a sectores específicos, que de cumplirse, el Estado colapsaría. Según esas leyes especiales, el Estado debió transferir en 2011 el 9.2% del PIB y quedarse solo con 4.5% para pagar nominas, dar seguridad pública y sostener la seguridad social. Absurdo. Totalmente absurdo.

La meta se puede lograr con dialogo y pacto social. Uno de los instrumentos mas idóneos es generalizar el ITBIS, pero no a 16%, sino a una tasa mas baja. Incluso se puede pensar en un ITBIS diferenciado, con tasas distintas. Más bajas. No exonerar del impuesto a la renta ciertas rentas que desestimulan la inversión, como es la exoneración del ISR a los certificados de depósitos. Es más fácil tomar diez millones de pesos y ponerlos a ganar intereses a un 15 o 16% asegurados por el Estado sin impuestos, que ponerlos a producir en el sector agrícola, industrial o la construcción. Otros sectores maduros, que ha crecido y se han desarrollado al amparo de exoneraciones, deben también convertirse en contribuyentes, incluso debido a que pactos internacionales así lo exigen, como las zonas francas al amparo de los acuerdos de la OMC. Si bajamos a la mitad el gasto tributario y se reforman algunos impuestos, bajándolos y generalizándolos, la meta de la sostenibilidad fiscal se puede lograr en un cuatrienio. Es cuestión de pacto social y voluntad política.