Santo Domingo El Defensor del Pueblo ha resuelto más de 5,000 reclamaciones sobre vulneración de derechos fundamentales presentadas por ciudadanos contra entidades públicas y privadas, durante su seis años de funcionamiento.

El órgano constitucional celebra hoy su sexto aniversario con una misa en acción de gracias, que será oficiada por el sacerdote Luca Barato, en la iglesia Jesús maestro, en el sector Mirador Sur, del Distrito Nacional, a las seis de la tarde.

Los reclamos llevados ante el Defensor del Pueblo conciernen a solicitudes de gestiones para conseguir declaraciones tardías de nacimiento, pago de pensiones, asistencia social y de beneficios laborales a servidores públicos y de expropiaciones de inmuebles a cargo del Estado.

También, el Defensor del Pueblo ha intervenido para ayudar a ciudadanos por retención de personas en centros médicos por falta de pago, para la reparación y construcción de viviendas, para el saneamiento de cañadas, por problemas medioambientales, falta de agua y deficiencia de servicios públicos, así como por violación de los espacios públicos.

La institución ha desarrollado un programa de educación para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y cómo exigirlos, a través de charlas impartidas en instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales. En estos seis años, personal del Defensor del Pueblo ha impartido más de 300 charlas en todo el país.

En mayo del 2013, el Senado de la República designó a la doctora Zoila Martínez Guante, como defensora del pueblo, y como defensoras adjuntas a las abogadas María Ramos y María Batista, por un período de seis años.

Además, fueron nombrados los abogados Carlos Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías, como primero y segundo suplente, respectivamente.

El Defensor del Pueblo fue creado mediante la ley 19-01, del primero de febrero del 2001, y luego adquirió rango constitucional en el 2010, al ser incorporada en la Carta Magna aprobada ese año.

Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.