La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) le exige al Procurador General de la República el cierre inmediato de la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís.

Nuestra solicitud se fundamenta sobre lo que henos podido comprobar en el curso de una visita realizada a la misma el pasado miércoles 6 de junio por una comisión integrada por nuestro presidente Dr. Manuel María Mercedes Medina, por el vicepresidente nacional por la Región Este Rafael Ureña y por el presidente de la filial de San Pedro de Macorís, Martín Santana.

"En dicha visita hemos podido ser testigos de las violaciones fragrantes de los derechos humanos de los internos que allí se cometen y de hecho la misma representa una ofensa a la dignidad humana de los privados de libertad que allí se encuentran" ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes.

Una cárcel que fue construida para albergar 30 privados de libertad y donde en la actualidad se encuentran más de 200 presos preventivos en condiciones infrahumanas que deberían estar de tránsito, mientras su permanencia es indefinida ya que la presencia de ellos alimenta un negocio mafioso de cobros de tarifas.

Para que tengan una idea de los costos ilegales que tienen que pagar las familias que tienen algún componente detenido en esa cárcel:

Para pararse en al puerta de acceso hay que dar 100 pesos

Para hablar con un familiar son 200 pesos

Para entrar a la preventiva son 1,500 pesos

Pago semanal por estadía son 600 pesos

Pago semanal por la celda que tiene cama y aire condicionada son 5,000 pesos

Pase de alimentos son 1,000 pesos

Entre otros cobros ilegales

Esto es lo que mantiene abierta dicha preventiva, donde los internos son sometidos a abusos y torturas físicas y psicológicas de cada tipo y donde el índice de hacinamiento es de un 200 por ciento.

Además de esto hemos comprobado que hay alrededor de 30 privados de libertad que por no poder cumplir con el pago de la garantía económica que va desde 2mil pesos hasta 20mil peos, llevan hasta un año de reclusión.

Hemos visto también mujeres en avanzado estado de embarazo, una de ellas a pocos días de dar a la luz y personas gravemente enfermas detenidas en esta cárcel.

A la luz de cuanto arriba denunciado le exigimos por lo tanto al Procurador General de la República el cierre inmediato de dicha cárcel preventiva y la investigación exhaustiva sobre el cobro ilegal de estas tarifas y el sometimiento a la justicia de los responsables.