Por Martha Andrés Román *

Washington, 14 de agosto, 2019.- (Prensa Latina) Demócratas y organizaciones estadounidenses impulsan acciones legales contra políticas de la administración de Donald Trump que consideran perjudiciales para la lucha contra el cambio climático y la conservación de especies en peligro.

El 13 de agosto, una coalición de 22 estados y siete ciudades interpuso una demanda contra el Gobierno del mandatario republicano con el objetivo de impedir que el ejecutivo alivie las restricciones a las centrales eléctricas que queman carbón.

En un comunicado difundido ese día, la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la batalla legal contra la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y su medida Energía Limpia Asequible (ACE), dada a conocer en junio y que James calificó como una norma de 'energía sucia'.

La regulación está destinada a derogar y reemplazar una regla de la administración del demócrata Barack Obama (2009-2017), el Plan de Energía Limpia (CPP), que pidió recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas energéticas.

El CPP, aprobado en 2015, se elaboró en asociación con estados y ciudades de todo el país en medio de llamados a adoptar planes para frenar la contaminación de las centrales eléctricas, la segunda fuente más alta de emisiones de gases de efecto invernadero.

De acuerdo con el diario USA Today, tal mecanismo fue diseñado con el propósito de reducir para 2030 las emisiones de las plantas 32 por ciento por debajo de los niveles de 2005, y así cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático, del cual Trump decidió retirar a Estados Unidos.

La ACE, sin embargo, permitiría a los estados más tiempo y autoridad para establecer sus propios estándares de emisiones en las centrales eléctricas de carbón existentes, en lugar de seguir un solo estándar federal.

Medios estadounidenses señalaron que la nueva regla no establece un objetivo específico de reducción de carbono, y está especialmente diseñada para hacer frente a los cambios físicos que se pueden hacer en las centrales eléctricas, en lugar de soluciones reguladoras más amplias.

Poco después de que la ACE fue dada a conocer, territorios mayoritariamente demócratas y grupos ambientalistas dijeron que la desafiarían en los tribunales, al argumentar que hace tan poco para frenar la contaminación, que ni siquiera puede considerarse una regulación seria.

Según indicó la fiscalía de Nueva York al interponer la demanda, la medida prolongará la dependencia nacional de centrales térmicas contaminantes y caras, y obstruirá el progreso de los estados hacia la generación de energía limpia, renovable y asequible.

La ciencia es indiscutible: el clima está cambiando. Los casquetes polares se están fundiendo, los niveles del mar están subiendo y el clima se está volviendo más y más extremo, manifestó James.

En su comunicado también citó cálculos de la EPA, según los cuales el plan de Obama habría logrado una reducción de 415 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030, mientras que con la regulación de Trump, la disminución esperada es solo de 11 millones de toneladas.

De acuerdo con la demanda de estados como Nueva York, California, Connecticut, Pensilvania, Maryland, Illinois y Massachusetts, y ciudades como Washington DC, Chicago y Los Ángeles, la administración actual no tiene bases para debilitar la regulación del ejecutivo previo.

La introducción de esa acción legal contra el Gobierno del republicano ocurrió solo un día después de que el Departamento del Interior anunció una serie de modificaciones a la forma en que se aplica en el país la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA).

Esa normativa actualmente otorga un manto de protección a más de mil 663 especies de animales y plantas, de las cuales mil 275 se consideran cerca de la extinción, y otras 388 figuran como amenazadas, lo cual significa que corren el riesgo de estar en peligro de extinción en un futuro cercano.

A partir de las transformaciones propuestas, será más difícil considerar los efectos del cambio climático a la hora de decidir si una especie determinada merece protección, y se permitirá tomar en cuenta consideraciones económicas para determinar qué especies amparar bajo la ley.

La regulación divulgada el 12 de agosto también elimina un pasaje que otorga de forma automática a una especie amenazada la misma protección que reciben las que se encuentran en peligro de extinción. En la jornada en que se difundieron las transformaciones a la ESA, demócratas y grupos ambientalistas prometieron presentar una reclamación contra esos cambios, al considerar que desmantelan ilegalmente la ley de protección de las especies en peligro.

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, y el de California, Xavier Becerra, dijeron que esperan que otros estados se les unan en la acción legal contra esa medida, al señalar que el poder de modificar la ESA recae directamente en el Congreso, no en el ejecutivo.

Para las organizaciones ambientalistas, es necesario luchar contra esa transformación de la normativa porque creen probable que las nuevas reglas faciliten la minería y la extracción de petróleo y gas en áreas donde viven especies protegidas.

'Los cambios, que podrían conducir a la extinción de cientos de animales y plantas, son ilegales y serán desafiados en los tribunales', aseguró el grupo ecologista Centro para la Diversidad Biológica de Estados Unidos.

Hasta ahora las cortes del país han sido escenarios de numerosos enfrentamientos contra controvertidas políticas del mandatario republicano en diversas áreas, y muchas veces Trump ha sufrido derrotas legales al ver bloqueadas o suspendidas las normas impulsadas por su administración.

arb/mar

*Corresponsal de Prensa Latina en EE.UU.