Madrid, 16 may (Prensa Latina) El Tribunal Constitucional (TC) de España aceptó un recurso de amparo interpuesto por el partido Compromís, tras la negativa del Parlamento a tramitar una iniciativa para promover la transparencia de la Casa Real, se informó hoy.

En su escrito de admisión, el alto tribunal apreció una 'especial trascendencia constitucional' en la demanda, presentada por la formación valenciana en febrero último.

Según el intérprete supremo de la carta magna española, dicho requerimiento puede llevarle a 'aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna'.

El asunto puede tener 'unas consecuencias políticas generales', admitió el TC en el texto de su acuerdo, alcanzado el pasado martes y notificado hoy a Compromís.

Por ese motivo, emplazó a la Mesa del Congreso de los Diputados a aportar, en el plazo de 10 días, la documentación por la que justificó la inadmisión a trámite de la propuesta.

La coalición progresista valenciana recurrió ante el TC la negativa de la Mesa del Congreso (órgano rector de la Cámara Baja) a analizar una proposición de ley registrada en julio de 2018, mediante la cual buscaba mejorar la transparencia de la institución monárquica.

Con su iniciativa, Compromís pidió que la Cámara Baja fiscalice las cuentas de la realeza y que tanto el jefe del Estado (el rey Felipe VI) como los miembros de la Familia Real tengan que hacer una declaración de bienes y otra de actividades como se obliga a diputados y senadores.

El partido decidió registrar su propuesta tras el escándalo que, en su opinión, supusieron las revelaciones sobre presuntos negocios turbios realizados por el rey emérito Juan Carlos I.

La tormenta se desató a mediados del año pasado, cuando dos diarios digitales de corte conservador publicaron unas grabaciones de audio atribuidas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, a la que la prensa española identificó como examante de Juan Carlos.

En esas grabaciones la aristócrata alemana reveló que Juan Carlos de Borbón tiene cuentas bancarias en Suiza y que, en ocasiones, la utilizó a ella como testaferro para ocultar su patrimonio en el exterior.

Entre los supuestos delitos cometidos por el padre del actual monarca Felipe VI estarían sucesivas acciones para blanquear dinero y bienes en el extranjero, según denunció en su momento el partido Izquierda Unida.

'En la medida en que la institución monárquica tenga transparencia y pueda dilucidar todas las sombras que se han cernido sobre ella, podrá gozar de más apoyo del que tiene', argumentó el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, con los votos de la derecha y del Partido Socialista Obrero Español, vetó la tramitación de la proposición de ley.

De esa manera se acogió a su doctrina tradicional de que la Constitución, en sus artículos 56 y 65, protege la inviolabilidad del rey y reconoce su autonomía para gestionar el presupuesto, además de recordar que la Corona no es objeto de control parlamentario.