Washington, 13 jun (PL) La administración estadounidense está creando una oficina para despojar a inmigrantes de su ciudadanía naturalizada o su residencia permanente si se descubre que mintieron en solicitudes formales, difundieron hoy medios locales.

De acuerdo con el diario Washington Examiner la nueva estructura pertenecerá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y tendrá su sede en Los Ángeles, California.

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), Michael Bars, dijo a esa publicación que la agencia ya contrató a docenas de abogados y funcionarios para atender la oficina, con la intención de enjuiciar a quienes cometieron fraude en sus aplicaciones.

Esa dependencia servirá como una ubicación centralizada para revisar e iniciar el proceso de desnaturalización civil contra individuos a los que se les ordenó retirarse y utilizaron identidades múltiples con el fin de defraudar al gobierno y al pueblo estadounidense para obtener la ciudadanía, explicó Bars.

De acuerdo con la fuente, la idea de verificar documentos se valoraba hacía muchos años, pero solo sucede ahora porque los avances tecnológicos permiten que cientos de miles de registros de huellas dactilares sean pasados del papel al repositorio del departamento.

Las huellas dactilares pueden escanearse a través del sistema para ver si se usaron esas impresiones únicas en la aplicación de otra persona, advirtió el Washington Examiner.

Nadie que haya obtenido la ciudadanía estadounidense al asumir una identidad falsa se sorprenderá por saber que es remitido al Departamento de Justicia (DOJ) para que procedan a su deportación. El Uscis investiga los actos deliberados de fraude, apuntó Bars.

Según el diario, como resultado de una operación puesta en marcha en enero pasado, se señalaron dos mil 536 casos de naturalización que necesitaban revisión adicional.

El individuo investigado se sentará para una entrevista en persona con oficiales de inmigración, y si se determina que ha cometido un fraude intencionalmente, el caso se remitirá al DOJ, que es la instancia encargada de decidir si despoja a alguien de su ciudadanía naturalizada.

De ese total de más de dos mil casos sometidos a revisión, 95 fueron enviados al DOJ, lo que constituye una de las razones por las cuales USCIS decidió establecer una oficina enfocada específicamente en este tema.