Bruselas, 17 nov (PL) La fiscalía belga aplazó hoy hasta el cuatro de diciembre la posible extradición a España del cesado presidente catalán, Carles Puigdemont, y de varios exconsejeros.

Según destacó el Tribunal de Bruselas en un comunicado divulgado este viernes, 'se tomó esta medida con el fin de garantizar que todas las partes implicadas puedan preparar y clarificar su postura sobre la ejecución de las órdenes de entrega'.

Asimismo, los abogados de defensa informaron a medios de prensa locales que la Corte se mostró en principio de acuerdo con extraditar a los dirigentes catalanes por los cargos que le imputa la jueza Carmen Lamela.

Sin embargo, declararon que el magistrado encargado del caso quiere examinar nuevamente los hechos y ofrecer más tiempo a las defensas para que presenten sus alegatos por escrito.

También aclararon que las acusaciones por malversación no fueron aceptadas, solo las de rebelión y sedición.

Como un problema, los juristas clasificaron 'la diferencia de penas' existente en los dos países.

El delito de sedición como tal no existe en el derecho belga, el cual recoge una infracción similar denominada 'coalición de funcionarios'. La pena en tal caso es muy inferior, un máximo de seis meses de cárcel frente a 15 años en España.

Por tal motivo, la Fiscalía y el juez deben examinar en estos momentos si las divergencias pueden solucionarse de un modo proporcional.

En cuanto a la rebelión, el código penal de Bélgica la define como resistencia a la autoridad policial.

'No hay un delito de rebelión contra la autoridad política o el Estado', apuntó Denis Bosquet, especialista en derecho penal.

La comparecencia se produjo a puerta cerrada, sin más presencia que la de los acusados, sus abogados y un intérprete, ya que los líderes catalanes escogieron el neerlandés como lengua de procedimiento.

Esta fue la segunda intervención de Puigdemont y sus exconsejeros en Bélgica, pues ya declararon con anterioridad el cinco de noviembre último.

Como parte de las investigaciones abiertas por la justicia española en relación con el proceso separatista catalán, ocho exconsejeros del ejecutivo regional se encuentran en prisión incondicional sin fianza, desde el 2 de noviembre.

Otros cinco, incluido Puigdemont, están bajo tutela de la justicia belga tras la emisión de una orden de detención internacional.

Todos están acusados de rebelión, sedición y malversación por su presunta responsabilidad en un plan soberanista que culminó el 27 de octubre, cuando la Asamblea legislativa de ese territorio de 7,5 millones de habitantes proclamó la República catalana.