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Carles Puigdemont (izq) y su vicepresidente, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa para explicar la remodelación del Gobierno catalán, el pasado 14 de julio en Barcelona

La recta final hacia el referéndum de autodeterminación ilegal previsto para octubre en Cataluña se cobró este lunes una nueva dimisión, la del director de la policía regional, clave en los planes independentistas.

La dimisión, confirmada a la AFP por una portavoz policial y otra del Gobierno catalán, se produce tras la marcha el viernes de tres consejeros, entre ellos el responsable de Interior, Jordi Jané, considerado uno de los integrantes más moderados del Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont.

En su lugar, el presidente regional colocó a Joaquim Forn, un independentista convencido, a quien este lunes el director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, "ha presentado su dimisión, que ha sido aceptada", señaló la portavoz policial, sin precisar los motivos.

Desde 1994, Cataluña cuenta entre sus amplias competencias con una policía propia dotada actualmente de 17.000 agentes que dependen políticamente del Gobierno catalán, dirigido por los independentistas, pero que también están supeditados a la justicia española.

Esto puede colocar en una situación incómoda a los Mossos d'Esquadra ante el referéndum previsto el 1 de octubre, impulsado por sus dirigentes políticos en contra de las indicaciones de la justicia, que quiere impedirlo.

Batlle, nombrado en 2014, defendió en varias ocasiones la neutralidad política de los Mossos y su obligación de cumplir con la ley y de acatar las órdenes judiciales, opinión compartida por la mayoría de sindicatos policiales.

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, recordó tras la dimisión que los Mossos "están al servicio de la ley y al servicio de los ciudadanos, no al servicio de un gobierno y menos de un gobierno de radicales".

La organización del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional puede conllevar responsabilidades penales contra sus impulsores.

En este contexto, Puigdemont anunció el viernes la dimisión de tres miembros de su Ejecutivo que decidieron "dar un paso al lado" y la semana anterior destituyó a otro que dudó de la celebración de la votación y se mostró temeroso de las consecuencias personales que le podía conllevar.

El Gobierno central insiste en su ilegalidad y asegura que la consulta no se celebrará.