La Procuraduría general de la República ha informado que su titular Jean Rodríguez, instruyó a través de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, investigar la muerte del taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y del mecánico Ramón Antonio Pérez Mejía (Chepe), ultimado por una patrulla de la Policía Nacional el pasado domingo en la carretera Baní-Sombrero.

Desde el primer momento se mantiene la versión de que el hecho ocurrió cuando el mecánico se desplazaba en su vehículo, un Hyundai Sonata, gris, por la carretera Baní-Sombrero, y supuestamente fue confundido por los agentes policiales con otro vehículo Hyundai Sonata gris, al que daban seguimiento desde la tarde del domingo porque en un vehículo con esas características se desplazaba un grupo de atracadores que pretendía plagiar a un empresario banilejo del sector ferretero.

En un comunicado de prensa la Procuraduría General señala que las investigaciones están encabezadas por el fiscal titular del Departamento Judicial de Peravia, Constantino Beltré.

Dice que el Ministerio Público investiga a profundidad para determinar las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. Adelanta que ni en este ni en ningún otro caso dejará que impere la impunidad y procurará con todos los medios a su alcance que se esclarezca y se establezcan responsabilidades. Eso espera la comunidad nacional.

El Procurador General asegura que se realizan las diligencias de lugar para que oportunamente se dé respuesta al caso. Y afirma que "Las labores están enfocadas en una evaluación profunda del hecho, y en ese mismo sentido se enfoca en que haya justicia". Y adelanta que las investigaciones avanzan y que hay cinco personas arrestadas que supuestamente forman parte de una organización contra quienes el Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción.

El comunicado del Procurador dice que por el caso hay cuatro personas prófugas, que se presume que también formaban parte de la organización. La sociedad espera que en este caso se actúe en consecuencia tomando en cuenta la gravedad del hecho.

Lo que se dice en Baní da miedo. Estamos ante un hecho que nos presenta como una sociedad insegura. No puede quedar sin sanción penal. El país aguarda los resultados de la investigación que ha ordenado el Procurador General. Las autoridades tienen que proceder en consecuencia como mandan la Constitución y la Leyes.

Lo ocurrido en Baní atemoriza.