Santo Domingo, RD, 8 de Abril.-El ministro de agricultura, Ángel Estévez, saludó el acuerdo suscrito con otras cuatro instituciones, orientado a que la República Dominicana cuente con una de las mayores ofertas de productos agropecuarios sanos e inocuos, como parte de la política gubernamental para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Estévez indicó que junto a los ministerios de Salud Pública e Industria y Comercio, así como la dirección de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-consumidor), y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la institución trabaja para fomentar la inocuidad de los alimentos en todos los ámbitos.

Indicó que, en el marco del acuerdo, Agricultura se comprometió a coordinar acciones que garanticen la inocuidad de los alimentos consumidos por la población, especialmente en el ámbito de la producción primaria.

El funcionario aseguró que se trabaja en la definición de las herramientas necesarias para el control y la vigilancia de la inocuidad de los alimentos en las propias fincas y en los centros de acopio.

Durante la firma, realizada en Salud Pública con motivo del Día Mundial de la Salud, la ministra de esa institución, Altagracia Guzmán Marcelino, recordó que la entidad ha tomado medidas orientadas a lograr la seguridad de los alimentos.

Además de Estévez y Guzmán Marcelino, también firmaron el acuerdo José del Castillo Saviñón, de Industria y Comercio; Altagracia Paulino, de Pro-consumidor y Juan de los Santos, presidente de la FEDOMU.

En el preámbulo del acuerdo se alude la necesidad de aplicar normas y prácticas de inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria, las etapas de la producción primaria, el transporte, el procesamiento, distribución, acopio y venta de los minoristas; hasta el almacenamiento, manipulación y cocción, antes de llegar al consumidor final.

Indica que las prácticas inadecuadas en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria implica una exposición a los peligros que representa la contaminación de los alimentos, lo que afecta de manera desproporcionada a los grupos más desfavorecidos.

Para la interpretación, ejecución y seguimiento de la aplicación del acuerdo, los suscribientes acordaron constituir una comisión mixta, integrada por dos representantes de cada institución firmante, que tendrá a su cargo la elaboración de los protocolos, procedimientos y planes de trabajo necesarios.