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Excluidas y violentadas en una isla mancillada

Lilliam Oviedo

Luis Abinader, un gobernante a quien sus bien pagados aduladores presentan como sensible y cercano a las mayorías, reiteró el pasado lunes que continuará la detención y repatriación de embarazadas haitianas.


No hay un adjetivo socialmente aceptable para calificar a quien asume esta actitud descarada, indolente y criminal.


La conmemoración del 25 de noviembre es ocasión para destacar que es violencia contra las mujeres el negar atención médica a una embarazada.


¿Se ha detenido el presidente o alguno de los analistas comprometidos con él a reflexionar sobre la magnitud del daño que se hace a una mujer en avanzado estado de embarazo al impedirle recibir atención médica durante el parto?


¿Cuántas mujeres y cuántas criaturas han contraído enfermedades o han muerto debido al abandono y a la falta de asistencia profesional? No hay registro, pero eso significa inexistencia del fenómeno.


Abinader dice que el sistema de salud dominicano solo debe atender a los dominicanos, que son quienes pagan impuestos. Y uno de sus acólitos, el exgeneral José Miguel Soto Jiménez, declaró sin avergonzarse que las mujeres repatriadas y detenidas en las calles, en la frontera y en los hospitales, son ilegales.


El presidente y el oficial hablan de soberanía a pesar de que tienen auténticas credenciales de entreguistas consumados.


(Soto fue ministro de Defensa y no solo no se opuso a que el gobierno de Hipólito Mejía enviara soldados dominicanos a Irak, además se lucró con ese envío, el cual no consideró ilegal)


Los analistas comprometidos en la defensa de la figura del presidente se limitan a pronunciar frases ambiguas y a referirse a grupos y personas sobradamente desacreditadas. Esos analistas deben colocar donde no se adviertan el retorcimiento y la inocultable indolencia de Abinader, pero la tarea ya les resulta difícil.


EL RACISMO Y EL SELLO DE CLASE
En noviembre de 1960 los verdugos al servicio del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina disfrazaron de accidente el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Hoy, un gobernante presentado como democrático, disfraza de apego a la ley y el orden la condena a parir en la calle.


Hay que repetir que no contradice con ello a los estrategas yanquis. A esos no les interesa el destino de parturientas a quienes el injusto orden, excluyente e inhumano por ser clasista, permite que les sea colocado el sello de ilegales.
Sobre el costo de la atención a las haitianas, hay que decir que no se acerca al monto de lo acumulado (a través de maniobras diversas) tanto por Abinader y su familia como por los empresarios y los jerarcas civiles y militares que financiaron su campaña.


POR TODAS Y EN MEMORIA DE LAS MIRABAL
El mejor homenaje a las hermanas Mirabal en este 25 de noviembre, es denunciar que es violencia racista, sexista y clasista la prohibición de dar atención en los hospitales dominicanos a las parturientas haitianas.


Las Mirabal lucharon por la democracia y por la igualdad, y los sustentadores de la sociedad de clases fomentan la exclusión.


Las haitianas requieren atención en una sociedad donde la mortalidad materna supera la cifra de 100 por cada cien mil nacimientos. En el primer trimestre de este año, hubo 43 muertes maternas, superando en el 48 por ciento las registradas en el primer trimestre del año pasado, y la meta oficial es no sobrepasar las 70 en el año 2030.


Es obvio que hacia los hospitales dominicanos las conduce el desamparo, no el ficticio proyecto de dominar la parte oriental de la Isla de Santo Domingo.
Hay que pedir cuentas, entonces, a la sociedad de clases por las dominicanas que murieron por falta de acceso a una atención médica de calidad y de recursos para comprar los medicamentos requeridos.


¿Qué decir en estos casos sobre la legalidad y la miseria? La violencia tiene evidente factura de clase.


En las caravanas de migrantes que hoy marchan hacia Estados Unidos desde Centroamérica (debido a la violencia y la desigualdad que ha sembrado allí el saqueo imperialista), muchas mujeres y niños con el sello de ilegales sufren por la inapelable condena de haber nacido pobres. (Otra vez se entrecruzan legalidad y miseria)


La sociedad de clases fomenta la miseria y persigue a quienes huyen de ella.
La sociedad de clases, más que al parto de las haitianas a quienes la injusticia califica como ilegales y al de las centroamericanas que atraviesan fronteras en busca de mejor vida, temen al despertar de las conciencias, que es el de la rebeldía… En ese parto reside la esperanza… Y habrá nacimiento…