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LIMA, 19 nov (Xinhua) -- El Poder Judicial de Perú dispuso este viernes que se abra un juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, en respuesta a la solicitud formulada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La acción judicial se extiende igualmente a la madre de la exprimera dama, Antonia Alarcón; su hermano, Ilan Alarcón; así como algunos amigos de la familia y a la organización política liderada por el expresidente, el Partido Nacionalista Peruano. El juez Richard Concepción Carhuancho declaró, de esta manera, la validez formal de la solicitud que hizo en el 2019 el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien ha pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia. De acuerdo con la investigación fiscal, el exmandatario y su esposa habrían recibido aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, además de otras fuentes de financiamiento, para su campaña electoral en los años 2006 y 2011, este último en el que obtuvo la victoria presidencial. En el proceso de investigación fue clave la declaración del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien habría revelado la entrega de tres millones de dólares para financiar la campaña del 2011. Humala y Heredia son investigados de forma paralela por estar presuntamente vinculados a un supuesto trato, en 2014, a favor de Odebrecht en la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Heredia cumple 24 meses de arresto domiciliario, desde septiembre del año pasado, cuando le fue revocada la medida de comparecencia con restricciones de parte de la Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El expresidente Humala y su esposa cumplieron prisión preventiva durante nueve meses, entre los años 2017 y 2018, cuando el Tribunal Constitucional anuló la medida en respuesta a un hábeas corpus presentada por la pareja.
