diariodominicano.com
Puerto Príncipe, 17 sep (Prensa Latina) El juez encargado de investigar el asesinato del prominente abogado de Haití, Monferrier Dorval, renunció al caso y criticó las condiciones que caracterizan hoy el funcionamiento de la institución judicial.
Un año después del crimen, el magistrado Rénord Régis, deploró la falta de apoyo del Consejo Superior del Poder Judicial, luego que recibiera amenazas de muerte, se viera en la obligación de refugiarse con sus familiares, y el director de la Policía, León Charles, desarmara a los agentes que velaban por su seguridad.
Régis denunció, asimismo, que el excomisionado de Gobierno de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude, no dio seguimiento a las órdenes de comparecencia de varias personalidades, entre ellas la ex primera dama Martine Moïse.
‘Tan pronto como me incorporé al poder judicial, me propuse el objetivo de ser el magistrado que solo tiene la ley, su conciencia y la justicia como brújula.
Sin embargo, encontrándome en la dolorosa situación de darme cuenta de que mi buena voluntad y mis aportes resultan insignificantes para ser lo que quería y contribuir a hacer la diferencia deseada, renuncio a mi cargo’, escribió el letrado en una misiva.
El magistrado emitió ocho órdenes para la comparecencia de personas como el antiguo funcionario Aramick Louis; el expresidente del Senado, Carl Murat Cantave; el exprimer ministro Joseph Jouthe; la viuda Martine Moïse y el asesor presidencial Guichard Doré; sin embargo, fueron desatendidas.
Al menos cuatro sospechosos del asesinato permanecen prisioneros, entre ellos un presunto autor intelectual, Vilpique Dunés, quien al momento de su arresto se desempeñaba como encargado de misión en el Palacio Nacional y el Ministerio del Interior.
Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos, dijo al diario Le Nouvelliste que intentó disuadir a Regis, ‘pero el juez estaba frente a la evidencia de que en Haití hay casos especiales. Hay jueces que merecen estar seguros y otros que no, en función de intereses políticos y no de los intereses de la sociedad que debe tener acceso a la justicia’, lamentó.
La dimisión bloquea aún más el archivo, que recibió presiones desde varios frentes, incluido el Gobierno, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
oda/ane
